Después de varias semanas de protestas a lo largo y ancho de China, el gobierno de Xi Jinping decidió reversar la política de cero-covid impuesta desde el inicio de la pandemia. Aunque el presidente Xi afirma que su decisión surge como respuesta a la democracia del país, esta decisión podría poner en riesgo a millones de habitantes del país, en especial a las personas de mayor edad.

Las protestas se desencadenaron como respuesta a un incendio ocurrido en la ciudad de Urumqi, capital de la región Xinjiang, al noroeste de China. En este accidente, en el cual murieron diez personas y nueve más resultaron heridas, los residentes del edificio no pudieron escapar del incendio dado que desde el 7 de agosto el gobierno de Xi impuso una cuarentena en Xinjiang para controlar el aumento de casos de Covid-19.

La semana pasada, los ojos del mundo estuvieron puestos en Beijing. Aunque era una certeza la reelección de Xi Jinping como líder del Partido Comunista Chino, la incertidumbre rondaba sobre quiénes serían los nuevos ministros y miembros del Comité Permanente del partido para el período entre el 2023- 2028.

Aquellos que se oponen afirman que las disposiciones van en contra de la libertad de los ciudadanos a decidir. No obstante, lo que los opositores olvidan es que mi libertad solo llega hasta donde inicia la libertad de la otra persona. En este sentido, yo no tengo la liberad de contagiar a otras personas de Covid-19.

Según datos de la universidad de Duke, América Latina ha comprado 550 millones dosis de vacunas a compañías occidentales y 285 millones de dosis a Rusia y China combinadas. Ahora, está claro que la vacunación no es una carrera, sino una maratón, pero es significativo que, por ahora, han llegado más rápido las vacunas de China que las del mundo occidental.

Según una encuesta hecha por el Dane, el 40,1% de los colombianos, en otras palabras dos de cada cinco personas, afirmó que no se pondría la vacuna. Este número es preocupante si se tiene en cuenta que según Anthony Fauci, inmunólogo estadounidense y asesor de Joe Biden, para llegar a la denominada inmunidad de rebaño, entre un 75% - 80% de la población debe estar vacunada.

No obstante, estas personas olvidan que los fallos de tutela, al igual que la democracia, depende de que todos los ciudadanos, ministros incluidos, cumplan con el reglamento establecido en la carta constitucional. De esta manera el Ministro, al igual que los ciudadanos del país, puede impugnar una tutela si considera que su fallo es incorrecto, pero no podemos desconocer o decidir no acatar un fallo judicial.

Alrededor del mundo, uno de los factores comunes entre los países que han logrado mitigar los efectos del Covid-19, ha sido que sus sociedades no han polarizado las recomendaciones hechas por epidemiólogos o mandatarios locales y nacionales. Aquellos gobiernos que han trabajado de manera unificada, utilizando un discurso basado en consensos y de responsabilidad colectiva, han sido los que han logrado controlar el coronavirus.

La incertidumbre alrededor de la pandemia en la cual nos encontramos ha girado en torno a estimar cuándo se podría encontrar una vacuna o tratamiento para erradicar o tratar el Covid-19. Sin embargo, hay un aspecto importante el cual no ha sido lo suficientemente debatido por la comunidad internacional: cómo distribuir esta vacuna y cuál sería su costo.

Hace poco, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez afirmó en un diálogo con medios escritos regionales, que “no es estar atenidos a ver qué hace el gobierno”, lo cual la llevó a ser el blanco de críticas a nivel nacional. Aunque es normal que los mandatarios puedan equivocarse al hablar sobre lo divino y lo humano, ellos deben ser cuidadosos con sus palabras y sus insinuaciones.

Está claro que, como dijo John F. Kennedy: “En una crisis, hay que ser conscientes del peligro, pero hay que reconocer la oportunidad”, sin embargo, la oportunidad a reconocer debe ser en buscar maneras creativas para proteger a los ciudadanos e ir recuperando la economía, no para aumentar sus votantes o buscar hacer clientelismos.

Las consecuencias del Covid-19 han sido, y serán, extensas y de larga duración. Sin embargo, pareciera que el Congreso colombiano no hubiese entendido la magnitud del problema y prefirió llevar a cabo un debate semántico en vez de reaccionar y adaptarse a las cambiantes necesidades nacionales.

Los gobiernos podrían verse seducidos por la información que recogen y la capacidad de saber qué piensan los ciudadanos y como manipularlos. No olvidemos que la mayoría de los relojes inteligentes ya tienen la capacidad de medir el ritmo cardíaco, lo cual indica que la tecnología ya está desarrollada.